Otro grupo de poder en Honduras

No se pueden quejar con este golazo de mundial por el poder del control del sistema y la institucionalidad, hoy la rectora cuenta con un mínimo de tres representantes ante dicha comisión, va por dos ante el consejo de judicatura, de esta  forma usurpa la representación de otras organizaciones de sociedad civil, y se mete como los grandes grupos de poder que controlan nuestro país, así la cosa continuara de mal en peor. Con decisiones como esta nuestra Honduras continúa en camino hacia su destrucción y a la espera que estalle una crisis sin precedentes por contar con ciudadanos egoístas y con solo el deseo de tener poder, y otros por enriquecerse fácilmente.

Estamos ante la ausencia de Dios, por no permitirnos estar con él, por habernos olvidado que sin su presencia, los hondureños no tendremos mejor futuro.

 

Elección de fiscales

Martes 30 de julio de 2013, El Heraldo

Nueva junta proponente llega al CN con nombre y apellido 11:35 pm –

Redacción Incorporado el rector de la UNAH y un miembro de la Alianza por la Paz y la Justicia. Decenas de organizaciones civiles quedan excluidas.

 Los diputados conocieron ayer los proyectos de reforma. (Carmen Godoy) Tegucigalpa, Honduras Nacional conoció anoche dos iniciativas de reformas a la Ley del Ministerio Público y un proyecto de decreto que amplía la vigencia de la Comisión Interventora. Una de las propuestas contiene la reforma por separado del artículo 22 de la Ley del Ministerio Público que se refiere a los mecanismos de selección de candidatos y elección de los titulares del Ministerio Público y la ampliación del número de miembros de la Junta Proponente. Las iniciativas fueron turnadas a la comisión de dictamen, sobre todo la que contiene la prórroga de la vigencia de la Comisión Interventora para ser aprobada en las próximas horas. Esta es la segunda prórroga al decreto 59-2013 que creó la Comisión Interventora, a la que le dio un plazo de 60 días para ejercer su labor. Posteriormente se amplió por 45 días que concluyen hoy 31 de julio. Tal como lo informó EL HERALDO, el período de gestión de la Junta Interventora es ampliado por tiempo indefinido, mientras se aprueba el decreto que reforma el artículo 22 de la Ley del MP que se refiere a la elección del Fiscal General y Fiscal Adjunto. Una vez publicado en el diario La Gaceta, la Junta Proponente tiene un plazo de 15 días para enviar al CN la lista de nominados a efecto de que se proceda a la elección a finales de agosto. El decreto que amplía el período de la Interventora establece en su artículo 1 que “durarán en sus cargos hasta que el Congreso Nacional elija al nuevo Fiscal General y al Fiscal Adjunto del Ministerio Publico. ”Asimismo, se autoriza a la Secretaría de Finanzas darle a la Comisión una partida presupuestaria de un millón de lempiras para su funcionamiento. El proyecto de ampliación y de reforma fue presentado por el diputado Tomás Zambrano, quien explicó en su exposición de motivos que el cambio afecta un 70 por ciento de la Ley Orgánica del MP. Indicó que el proyecto es producto de los insumos obtenidos a través de las mesas de trabajo conjunto con organizaciones de la sociedad civil y otros sectores del sector seguridad y justicia. Los cambios Zambrano dijo que la principal reforma está orientada a potencializar las labores de indagación de la Fiscalía, a través de una agencia de investigación criminal. Asimismo, se propone otorgarle mayores atribuciones al Fiscal Adjunto y fortalecer la supervisión de los fiscales a nivel nacional por medio de una unidad parecida a la de asuntos internos que tenía la Policía. Por otro lado, se hará la propuesta para crear una Inspectoría con absoluta independencia para practicar las pruebas de confianza a los funcionarios del Ministerio Público. Igualmente, el anteproyecto contiene disposiciones para fortalecer el programa de protección de testigos. En general, manifestó el diputado nacionalista, se busca crear un marco jurídico legal que contribuya contundentemente a la acción penal pública. Junta Proponente El otro proyecto está orientado a ampliar el número de organizaciones que integren la junta nominadora de los candidatos a ocupar el puesto de fiscal general y adjunto. Este proyecto fue presentado por el diputado Rodolfo Zelaya, miembro de la Comisión Especial de Seguridad. Lo que se busca es reformar el artículo 22 del Decreto 228-93.El artículo 22 se leería así: El Fiscal General de la República y el Fiscal General Adjunto, serán electos por el Congreso Nacional, con el voto favorable de las dos terceras partes de la totalidad de sus miembros, de una nómina de cinco candidatos que presente una Junta Proponente convocada y presidida por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia e integrada también por un Magistrado de la Corte Suprema de Justicia nombrado por el pleno de la misma, el Rector(a) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), el Rector(a) de una de las Universidades que funcionan en el país, un representante del Colegio de Abogados designado por su Junta Directiva, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y un representante de las organizaciones que integran la Alianza por la Paz y Justicia. El representante de las universidades que funcionan en el país será elegido en una reunión especial de Rectores convocada por al menos el cuarenta por ciento (40%) de las universidades públicas y privadas del país. El representante de las organizaciones que integran la Alianza por la Paz y la Justicia será nombrado en la forma en que estas lo determinen. Las personas que cumplan con los requisitos señalados en la Constitución de la República y la Ley Orgánica del Ministerio Publico, podrán proponerse a sí mismas ante la Junta proponente en la forma en que esta lo determine. La Junta proponente, enviará la nómina al Congreso Nacional, por lo menos treinta días antes del vencimiento del período correspondiente o dentro de los quince días de haberse producido la vacante definitiva del Fiscal General de la República o del Fiscal General Adjunto. La Junta proponente publicará los perfiles y currículo a través de medios electrónicos, en el sitio web del Ministerio Público, de manera que sean accesibles y puedan ser comentados por la ciudadanía a través de Internet, texto u otros métodos de comunicación similares.

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